El problema no es nuevo: prohibiciones en zonas de escalada las hubo desde el primer día que a alguien se le ocurrió poner las manos encima de una piedra. Quizá fueran casos puntuales y aislados. La mayoría seguramente acabó en el olvido, y los escaladores –pocos entonces y muchos ahora– regresaron a su escenario, silbando, como si nada hubiera ocurrido, casi siempre con la aprobación implícita de dueños de fincas y gestores medioambientales que prefirieron mirar hacia otro lado mientras la cosa no fuera a mayores. Ahora, sin duda, es el momento de advertir que la cosa sí ha ido a mayores. La razón principal está clara para todos: el número de escaladores deportivos se ha multiplicado por ¿cinco, seis, ocho…? durante la última década. Los conflictos saltan por todos lados: con cazadores, con concejalías de Medio Ambiente, con pastores, con propietarios de fincas… Todo se complica por momentos y los escaladores, ante el escasísimo apoyo de sus representantes institucionales, forman asociaciones dispersas e inconexas, algunas bien organizadas, otras poco estructuradas y todas peleando como un gato panza arriba contra un enemigo desigual y, en ocasiones, infiltrado en las propias filas (los escaladores que con su falta de respeto hacia el lugar donde escalan revientan el trabajo de los que defienden sus escuelas). Abusos de la administración, el laberinto burocrático y catastral, regulaciones medioambientales, enrevesados temas legales de responsabilidad… La complejidad es enorme, y más para un grupo de espontáneos que, cargados de buena fe, suplen con entusiasmo su verdadera capacidad resolutiva. Eso no basta, lo estamos comprobando.
El modelo Access Fund
Es un momento decisivo para la escalada y hay mucho en juego. Puede que el modelo profesional de Access Fund, la organización en defensa de los lugares de escalada, nacida en Estados Unidos en 1989, sea una interesante referencia. Reproducimos a continuación su objetivo fundacional: “Access Fund surge para recaudar fondos –y paralelemente poner en marcha una campaña de información– y hacer frente a los problemas de acceso de los escaladores, tanto a terrenos privados como públicos. El proyecto no solo implica la compra de fincas, también la provisión de fondos y recursos legales para las agrupaciones locales, labores –como apertura de senderos– para reducir el impacto ambiental, campañas de limpieza, financiación de estudios científicos y publicación de trabajos divulgativos”.